El Equipo de Gobierno de Manacor (AIPC-SyS, PP, El Pi) que tiene mayoría en el Ayuntamiento, 12 concejales de 21, rechazó anoche en el transcurso del Plenario Municipal encargarse de manera directa de la gestión de la Limpieza de Edificios Municipales y Colegios, y volverán a sacar a concurso el servicio por un periodo de 2 años, con prórrogas de 1 año y de otro más, hasta totalizar 4 años, si las partes están de acuerdo y no hay problemas en los convenios. Será de nuevo una empresa privada y el servicio externalizado, así lo quieren los 12 concejales de centro derecha, regionalistas e independientes de Porto Cristo y S'Illot.

A pesar de todas las reflexiones y esfuerzos (para que el servicio sea municipal y lo lleve la SAM como el tema del agua y los parkings) de los concejales del PSOE, del regidor de PODEMOS Carles Grimalt y del apoyo de MÉS-Esquerra a dos mociones en el mismo sentido de socialistas y podemitas, no hubo ningún efecto en el Gobierno que preside Catalina Riera y que defiende sus tesis en concesiones y contratos el responsable de Medio Ambiente y exalcalde Pedro Rosselló. No hay voluntad política denunció el socialista Sebastià Nadal y de lo mismo los acusó Carles Grimalt. Y reconoció Rosselló que (AIPC-SyS, PP, El Pi) se inclinan por la fórmula de que lo lleve una empresa privada.

La izquierda exige que si se hace cargo una empresa privada como la recogida de basuras, limpieza viaria, jardinería, instalaciones deportivas, mantenimiento y otros servicios, que por lo menos se controle a las empresas, se paga religiosamente y las mercantiles que tienen concesiones y contratas se pasan por el forro algunas los Pliegos de Condiciones y no hay manera de abrir expediente alguno y de poner sanciones a quienes prestan el servicio muy mal, pero cobran todos los meses sin excepción. Por eso la izquierda defiende que para llevarlo así es mejor que lo lleve la SAM y nos ahorramos el beneficio industrial y otros pagos extras.

El Gobierno local y Pedro Rosselló en su nombre, aseguraban que la limpieza es un servicio calificado de actividad económica de libre concurrencia y la estabilidad económica impuesta por el Gobierno Central prohíbe tener más funcionarios en plantilla, si no se demuestra que el servicio puede asumirse en el presupuesto general con equilibrio financiero. Y que no se pone en peligro las cuentas municipales. De momento no estudiarán el tema como pide la izquierda y cuando llegue el nuevo Gobierno local, que decidan los nuevos ediles con mayoría. Terminaba el plazo en julio de 2019, de momento todo queda así.