PORTSIB MANTIENE UN CONCURSO VICIADO PESE A RECONOCER ERRORES: LAS EMPRESAS DE CHÁRTER DENUNCIAN UN CIERRE ENCUBIERTO DEL MERCADO DE BOYAS

La licitación impulsada por Puertos de las Illes Balears (PORTSIB) para la gestión de los campos de fondeo regulado vuelve a situarse en el centro de la polémica tras la Resolución 88/2026 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

El Tribunal ha estimado el recurso interpuesto contra los pliegos del concurso y ha declarado la existencia de vicios sustanciales en su diseño, ordenando dos correcciones clave: la incorporación del proyecto técnico del campo de boyas de Formentor y la anulación de una cláusula que limitaba el número de lotes a los que podía concurrir un mismo licitador.

Sin embargo, pese a reconocer formalmente que el procedimiento estaba mal configurado, PORTSIB ha levantado la suspensión de la licitación sin garantizar todavía una ejecución material de esas correcciones ni una restitución efectiva de la publicidad y de la concurrencia.

El resultado es una situación que los operadores del sector califican de “paradójica”, porque se estima las alegaciones de APANIB, y se admite que el concurso era defectuoso, pero se permite que continúe sin asegurar que deje de producir los mismos efectos restrictivos.

Desde un punto de vista jurídico, la anulación de cláusulas esenciales y la introducción de nueva documentación técnica no son simples ajustes formales. Son modificaciones que alteran las condiciones económicas y competitivas del procedimiento y que, conforme a la normativa europea de contratación pública, deberían ir acompañadas de una nueva publicidad que permita a potenciales licitadores conocer las nuevas reglas y concurrir en igualdad.

En la práctica, lo que se está produciendo es un procedimiento “a dos velocidades”, en el que por un lado, los operadores que ya estaban dentro del concurso pueden adaptar sus ofertas a las nuevas condiciones; y por otro, las empresas que no concurrieron inicialmente por las restricciones ahora anuladas permanecen excluidas de hecho del proceso.

 Este desequilibrio adquiere una dimensión especialmente grave en el sector del chárter náutico en Baleares.

El acceso a campos de boyas no es un elemento accesorio del negocio, sino un recurso imprescindible para operar.

Condicionar ese acceso mediante un procedimiento reconocido como defectuoso supone trasladar directamente a las empresas un sobrecoste estructural y una pérdida de competitividad.

Las asociaciones empresariales advierten de que no se trata de una disputa técnica sobre pliegos, sino de un problema de mercado y la consolidación de un sistema de asignación de boyas que favorece a determinados operadores y eleva artificialmente los costes para el resto del sector.

El riesgo es que, bajo una apariencia de legalidad formal, se esté configurando una barrera de entrada regulatoria con efectos expulsivos sobre parte de las empresas que desarrollan su actividad en las aguas baleares.

Desde el punto de vista institucional, la cuestión es incómoda, y la pregunta a realizar es  ¿puede una administración mantener la tramitación de un concurso cuya configuración inicial ha sido declarada incorrecta sin restituir de forma efectiva la igualdad de oportunidades?

Para los operadores afectados, la respuesta es clara, porque permitir que el procedimiento avance sin una corrección material y sin nueva publicidad convierte la estimación del recurso en un gesto vacío y deja intactos los efectos económicos del diseño original.

Por ello, las empresas del sector ya estudian la interposición de un recurso contencioso-administrativo con solicitud de medidas cautelares si PORTSIB no garantiza una rectificación completa y verificable del procedimiento.

Lo que está en juego no es solo la regularidad formal de un expediente administrativo, sino el acceso a un recurso esencial para la actividad económica y la preservación de un mercado abierto y competitivo en uno de los sectores estratégicos de Baleares.