Lo que pide UGT a la Justicia contra el Ayuntamiento de Manacor: En el recurso interpuesto por el sindicato UGT se denuncia, entre otras cosas; la pasividad del Ayuntamiento de Manacor, e impedir la provisión definitiva del puesto de interventor. En ningún momento el Ayuntamiento de Manacor ha reflejado la intención de cubrir de forma definitiva esta plaza. Por ello, el sindicato UGT solicita que se declararen contrarias a derecho las retribuciones en forma de “productividad” percibidas por el interventor desde 2017 hasta 2022, solicitando que proceda a la devolución de las cantidades percibidas en este concepto, que superan los 150.000 €. Al mismo tiempo, este sindicato deja claro que se ha vulnerado, por parte del Ayuntamiento de Manacor el derecho de la negociación colectiva.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo admite a trámite el recurso presentado por UGT solicitando la nulidad de pleno derecho del nombramiento del interventor del Ayuntamiento de Manacor, así como la devolución de las retribuciones recibidas, las cuales, desde enero de 2017, ascienden a más de 25.000 € anuales. El Ayuntamiento de Manacor tiene concedida la plaza de interventor de forma provisional e ininterrumpida desde el 2017 a la misma persona. Esta persona además de las retribuciones establecidas para este grupo de funcionarios, percibe una productividad de más de 25.000 € anuales.

Dice UGT: En la administración local, las comisiones de servicios tienen una duración máxima de dos años, como norma general y así lo regula la legislación estatal. Pero en el supuesto de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, en nuestra comunidad autónoma, se permite prorrogarse hasta los cinco años. Transcurridos estos cinco años, el Ayuntamiento de Manacor ha vuelto a proponer al mismo interventor, a sabiendas de la irregularidad, no pudiendo continuar en tal situación. El “truco” del alcalde ha consistido en comunicar a la Administración Autonómica que tiene la “plaza vacante” y que “es el único interesado” en ocupar dicha plaza de forma temporal.

Asegura el sindicato: Esta persona se encuentra en comisión de servicios procedente del Ayuntamiento de Son Servera, que debería haber finalizado a lo máximo el pasado 2 de enero, cuando se cumplían los 5 años, según el artículo 201 bis de la Ley 20/2006. Por ese motivo, UGT denunció que no se cumplía con la normativa. Pero paralelamente se descubrió que la verdadera intención del Alcalde era la de crear una plaza de viceinterventor, totalmente innecesaria dado el volumen de la administración local del Ayuntamiento de Manacor, y por tanto contraria al interés público. Con ello, en el supuesto caso que no pudiese conseguir una prórroga de la comisión de servicios, podría seguir “colocado” de una forma alternativa. Esto supondría una desviación de poder.

Concluye: En la Mesa de Negociación del pasado 28 de marzo de 2022, al conocerse una propuesta de “retribuciones” para la plaza de viceinterventor, UGT rechazó de plano esta imposición, al no haberse negociado la creación de la misma ni la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. Por ese motivo, el sindicato UGT, recurrió estos hechos por medio de un Recurso de Reposición, que el Ayuntamiento de Manacor obvió contestar, lo que ha conducido a la interposición de un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma, en el cual ha sido admitido a trámite, dándose traslado al Ayuntamiento de Manacor.

Nota al dorso: Ante este pleito del sindicato UGT, esperamos que en breve la Corporación local explique su postura, una vez sea estudiada por los servicios jurídicos la causa Contencioso Administrativa en curso. Nos habían contado el desencuentro y el enfado sindical, pero nunca hubiésemos pensado que la cantidad en litigio fuese tan elevada. La justicia se debe pronunciar cuando las dos partes presenten sus posturas legales. Hemos recabado información al respecto y hemos preguntado a miembros del Equipo de Gobierno, todo está encima de la mesa de los abogados. Se mantiene desde el Ayuntamiento de Manacor que es legal la comisión de servicios, la prórroga y la productividad, el juez dirá. 

Cuando fue contratado el interventor procedente de Son Servera, el Pleno dio por bueno el sueldo, complementos y productividad. Se reconducía un puesto de trabajo vacante y que era muy necesario para el ayuntamiento más importante de la capital de comarca. No se entiende porqué se ponen en cuestión los primeros cinco años legales, en todo caso las dudas son a partir de enero de 2022, reclamar desde el inicio de la contratación 2017 no parece lógico, ahí queda el asunto en cuestión, debe resolver la justicia.  Iremos informando a medida que el desenlace produzca novedades.