Opinión: El alcalde de Manacor dicen que ha retirado la bandera española de la policía municipal: Un acto que desafía la ley y la representación nacional. En Manacor, la pasada semana, la actuación del alcalde de Manacor, Miquel Oliver (MÉS-Esquerra), ha generado una notable controversia y un profundo malestar entre la ciudadanía y diversas formaciones políticas. Se ha conocido que el primer edil ha ordenado todo indica la retirada de la bandera española de las dependencias de la Policía Municipal, un acto que, más allá de la carga simbólica, cuestiona el respeto a la legalidad vigente y la neutralidad institucional que se exige a cualquier administración pública.

Obligación legal frente a decisión política unilateral. La retirada de la enseña nacional de un edificio oficial no es una mera cuestión estética o ideológica, sino un incumplimiento de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas. Específicamente, el artículo 3.1 de dicha normativa establece de forma taxativa que: "La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado."

Las dependencias de la Policía Municipal, como establecimiento de la Administración municipal, están legalmente obligadas a exhibir la bandera que, además de ser el símbolo constitucional de la nación, representa a todos los ciudadanos, sin excepción. La potestad del alcalde no le confiere la autoridad para contravenir una ley orgánica de obligado cumplimiento.

La bandera española, tal como se define en la Constitución, es el símbolo de la unidad y permanencia de España, un nexo de unión que trasciende las diferencias políticas y las ideologías de los partidos en el gobierno. Retirarla de un espacio público y de una institución garante del orden y la seguridad como la Policía Local es percibido por muchos vecinos no solo como una afrenta, sino como un gesto de exclusión inapropiado en un cargo que debe velar por la convivencia de toda la población.

La enseña nacional no es propiedad del regidor ni está sujeta a su gusto personal o a su proyecto político particular; pertenece a todos los españoles, incluyendo a los vecinos de Manacor. Es el símbolo que representa a España en el conjunto de naciones, la que nos une en los momentos de celebración y la que debe presidir los espacios de la Administración que sirven a todos.

Este tipo de actos unilaterales, que anteponen la ideología particular del gobernante a la obligación legal y al sentimiento de gran parte de la población, solo sirven para generar confrontación y ruido político. El Tribunal Supremo ya ha establecido en reiteradas ocasiones la obligatoriedad de exhibir la bandera española en los edificios públicos, recalcando el principio de neutralidad institucional que debe regir la actuación de la Administración.

En lugar de centrar los esfuerzos en la gestión municipal y las necesidades reales de los vecinos, la decisión del alcalde Oliver desvía el foco hacia un debate simbólico que ya está resuelto por ley. Las autoridades competentes, incluida la Delegación del Gobierno, deberían tomar cartas en el asunto para asegurar el cumplimiento inmediato de la Ley 39/1981 y restablecer la legalidad en las dependencias de la Policía Local de Manacor. La bandera debe volver a ondear. Por ZUKY.